La ley de justicia gratuita deja fuera a las organizaciones medioambientales

Publicado: 17 marzo, 2014 en Actualidade, Medio Ambiente...
Libertad para los Arctic 30

Fuente: GREENPEACE SPAIN

Decía Habermas que la legitimidad de la democracia no sólo depende de la constitucionalidad de los procesos de promulgación de las leyes, sino también de la calidad discursiva de los procesos deliberativos que condujeron a la aprobación de una ley. Desconozco los razonamientos del Gobierno para excluir a las organizaciones medioambientales y defensoras del bien común de la justicia gratuita, pero hoy me he acordado de esta reflexión del este politólogo alemán que defendía la activa participación de la ciudadanía en los asuntos públicos.

En España, no solo avanzamos en una clara pérdida de democracia y de los valores que se suponen que deben impregnar el buen gobierno del interés general, sino que directamente se realiza un agravio comparativo y un menosprecio a la sociedad civil organizada que, desde los años 60, ha venido defendiendo nuestra calidad de vida y nuestro derecho al medio ambiente (un derecho reconocido en la CE) frente a la acción o inacción de gobiernos y empresas.

Recomiendo aquí el artículo publicado en El País del pasado 14 de marzo de la periodista Juana Viúdez, que explica claramente esta nueva ofensiva del Gobierno “cada vez que las ONG medioambientales se planteen llevar un asunto a los tribunales van a tener que sacar la calculadora del bolsillo para saber si pueden afrontarlo.

El Gobierno las ha dejado fuera del Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica y Gratuita, pendiente de pasar por el Congreso de los Diputados, de forma que solo podrán acceder a este beneficio si acreditan una serie de requisitos, como ser de utilidad pública y al mismo tiempo tener insuficiencia de recursos para litigar. La negativa del Ministerio de Justicia se suma al varapalo que las organizaciones ecologistas han recibido con otras leyes, como la de tasas, que ha encarecido hasta diez veces los costes de los procesos judiciales, o la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, que acorta los plazos de exposición pública, por lo que se tiene menos margen para estudiar los proyectos y poder recurrirlos.

Acceder al artículo del El País: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/03/14/actualidad/1394817090_544361.html

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